Los líderes de los cinco poderes del Estado se comprometieron a trabajar en forma conjunta para recuperar los recursos públicos que fueron robados por los exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Exhortaron al Fiscal y a la Función Judicial a establecer medidas cautelares más severas para los procesados por delitos contra la administración pública.

La fuga del exsecretario de Comunicación del gobierno anterior, Fernando Alvarado, provocó la destitución inmediata de 20 funcionarios a cargo del monitoreo de la señal del grillete que usaba desde agosto pasado, luego de que fue procesado por el delito de peculado. La acción también motivó la convocatoria del presidente Lenín Moreno a las funciones del Estado, para coordinar acciones tendientes a investigar los pormenores del escape e intensificar la lucha contra la corrupción.

Al cabo de tres horas de reunión, el Mandatario declaró a la prensa que convocó a todas las funciones del Estado a una mesa de trabajo, “respetando la autonomía de cada una; hemos acordado que nos reuniremos quincenalmente para robustecer la lucha contra la corrupción”. Anunció la destitución de toda la cadena de responsabilidad de rehabilitación social del ex Ministerio de Justicia, incluidos los operadores del servicio ECU-911 que estaban a cargo del monitoreo del grillete electrónico. Además ordenó al Secretario de la Política, Paúl Granda, que interponga todas las denuncias ante el Fiscal del Estado, para que se inicien las investigaciones a los sospechosos.

El contralor subrogante, Pablo Celi, aclaró que el diálogo interinstitucional que se inició, “busca generar mecanismos de cooperación para un adecuado procesamiento de aquellos delitos que afectan el interés social y los bienes públicos”. Celi mencionó que acordaron exhortar al Fiscal del Estado y a las distintas instancias de la Función Judicial para que, en el marco constitucional vigente, “se proceda a establecer medidas cautelares más severas para garantizar que los procesos de juzgamiento de delitos contra los recursos públicos concluyan con las sanciones en el campo administrativo o penal”.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, anunció que el combate a la corrupción e impunidad tiene que ser abordado de una manera integral, mas no desde un solo poder del Estado. También mencionó que la fuga de Alvarado no se hubiese dado sin la “complicidad de otras instituciones del Estado”. Además indicó que se debe repensar todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario del país. Al encuentro asistieron la presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas, el fiscal del Estado (e) Paúl Pérez; el presidente del Consejo Transitorio y de la Función de Transparencia, Julio César Trujillo; el procurador Íñigo Salvador, el contralor subrogante Pablo Celi, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Pamela Aguire y el encargado del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo.

Del Ejecutivo estuvieron el secretario de la Política, Paúl Granda; el secretario de Comunicación, Andrés Michelena; la ministra del Interior, María Paula Romo y la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesantes.

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