La mal llamada reelección indefinida

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La mal llamada reelección indefinida

Creer, en pleno siglo XXI, que en una democracia se elige para siempre a alguien en el poder es sin duda perverso. Sin embargo, esto es lo que actores políticos buscan posicionar como “reelección indefinida” desde el año 2015: plantean una suerte de dictadura donde no la hay, porque en Ecuador el poder de elegir a sus representantes es del pueblo y lo ejerce a través de las urnas.

Se trata de una maniobra inescrupulosa de personajes que en medios de comunicación, masivos y digitales, repiten incesablemente la muletilla retrógrada y perversa: en nuestro país se acabará la alternancia gracias a la “reelección indefinida”. Falso, la enmienda constitucional que aprobamos en la Asamblea Nacional otorga la posibilidad a cualquier ciudadano de postularse para un cargo de elección popular las veces que desee.

Es decir, no se atenta contra el voto popular, ni mucho menos a la participación de la ciudadanía porque el pueblo sigue siendo el mandante y continuará acudiendo a las urnas a expresar su voluntad para que una autoridad continúe o no en un cargo público. Noción compartida por el Alcalde Jaime Nebot*, expresada en una entrevista en el 2007, aunque hoy diga exactamente lo contrario:

*Alcalde de la ciudad de Guayaquil desde el 10 de agosto del año 2000.

Es deplorable que estas voces de oposición influyan en el actual Presidente Lenín Moreno y continúe con el concepto erróneo de la mal llamada “reelección indefinida” tildándola en su discurso de “aberración política”. Negando así la posibilidad de que sea el pueblo quien decida en las urnas sobre el futuro de su ciudad, provincia o país.

Es indispensable aclarar que a esta enmienda, aprobada en diciembre del 2015, la Corte Constitucional, máxima institución de control e interpretación constitucional, emitió dictamen previo y determinó la enmienda progresiva en derechos:

“Resulta, entonces, que la limitación a candidatizarse de las personas que han ocupado un cargo público de elección popular y que han sido reelectas por una ocasión comporta una limitación no justificada a los derechos constitucionales de participación que poseen los candidatos que están aspirando a una reelección y el derecho a elegir de las personas, toda vez que el participar dentro de un proceso eleccionario no genera a priori una determinación de que aquella persona va a ser reelecta, puesto que será el soberano quien determine a través del sufragio que aquella circunstancia opere. En ese orden de ideas, la propuesta de cambio constitucional permite viabilizar un ejercicio pleno e integral de los derechos de participación de los electores, así como de las personas que pretendan ser electas nuevamente”.

Posteriormente a ello la Corte en su auto de verificación de cumplimiento resolvió:

“… el participar dentro de un proceso eleccionario no genera a priori una determinación de que aquella persona va a ser reelecta, puesto que será el soberano quien determine a través del sufragio que aquella circunstancia opere. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional consideró que la propuesta de cambio constitucional permite viabilizar un ejercicio pleno e integral de los derechos de participación de los electores, así como de las personas que pretendan ser electas nuevamente.”

Entonces, sería un disparate jurídico que la misma Corte (después de dos dictámenes favorables), hoy se contradiga en menos de dos años, quedaría establecido como un pésimo precedente jurisprudencial, restando seriedad a sus pronunciamientos.

Hoy mismo se plantea una clara regresión de derechos en materia de participación al plantear la eliminación de la mal llamada “reelección indefinida”, pues atenta la constitucionalidad al dejar sin efecto la enmienda del 2015 y al plantear una reforma regresiva y retroactiva.

En efecto la Corte Constitucional debería observar dicha pregunta con base en sus pronunciamientos previos; y en el caso de dar paso a la propuesta de enmienda debería aplicarse desde su entrada en vigencia y no con efecto retroactivo.

Este planteamiento apunta a un plan orquestado para inhabilitar a Rafael Correa a una posible candidatura a la Presidencia en el 2021, e impedir que el pueblo elija al gobernante que considere mejor para llevar las riendas del país.

Fuente: Marcela Aguiñaga

Sección: Noticias


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