Entre el colonialismo mental y los dictámenes de la Corte Constitucional. Algunas tesis para el debate de la reelección

  • 0

Entre el colonialismo mental y los dictámenes de la Corte Constitucional. Algunas tesis para el debate de la reelección

Virgilio Hernández Enríquez

1.     Durante los años 80 y 90 se desarrolló un profundo debate académico respecto de la mejor forma de gobierno para América Latina, lamentablemente con pocas repercusiones en el plano político. Lo paradójico es que durante estos años e incluso hasta la misma constituyente del 2008, se miraba que algunas de las debilidades del régimen presidencial estaban relacionadas con la rigidez del mandato y la imposibilidad de reelección. Juan Linz, uno de los cientistas sociales más importantes, en su ensayo escrito en 1985 y denominado “Democracia: presidencial o parlamentaria. ¿Hace alguna diferencia?” y otros trabajos posteriores, plantean
que los países de América Latina habrían enfrentado permanentes quiebres en sus
democracias debido a problemas derivados de las características propias del régimen
presidencial. A su juicio, los principales límites del presidencialismo están relacionados con: La legitimidad democrática dual; el período fijo o la “rigidez” del presidencialismo, agravada en los casos que no pueden ser reelectos los presidentes; la personalización del liderazgo; así mismo decía Linz, que el presidencialismo desalienta las alianzas, genera un juego de suma cero e incluso alienta la inestabilidad.

2. Desde esta perspectiva, Linz sostenía que el presidencialismo genera pocos incentivos para que los mandatarios actúen con responsabilidad, en especial cuando existen normas que prohíben la reelección, puesto que no se establecía un mecanismo de control social para que los ciudadanos exijan rendición de cuentas o juzguen la gestión; peor aún, el partido no puede ser sancionado por los votantes, independientemente del nivel de participación y corresponsabilidad que haya tenido durante el gobierno de uno de sus afiliados o candidato a quien apoyó.

3.     Otros reconocidos autores como, Scott Mainwaring y Matthew Shugart [1] revisan y evalúan críticamente estos planteamientos, contradiciendo a Linz, en que el parlamentarismo es el mejor régimen y señalando que la clave es favorecer reformas en el propio presidencialismo o semipresidencialismo. Los autores citados coincidían con el argumento de que la legitimidad dual es problemática dentro de los sistemas presidenciales, sin dejar de reconocer que, con frecuencia, también en los sistemas
parlamentarios suelen surgir conflictos entre las cámaras, al exigir cada una para sí el ejercicio del poder legítimo. Del mismo modo, Mainwaring y Shugart concuerdan con Linz en que la rigidez del presidencialismo, debido al período fijo, puede llegar a ser una desventaja muy seria; los mencionados investigadores no encuentran una explicación razonable a la prohibición de la reelección, entendiéndola como una herencia del pasado caudillista o dictatorial que han caracterizado a nuestros países.

4.     Dieter Nohlen [2] , a quién no se le puede acusar de proclive con los procesos del socialismo de Siglo XXI, dice: “L a no-reelección tiene una larga
tradición histórica, y su más sólida fundamentación es la propia experiencia histórico-política de América Latina”, sin embargo, “pese a la importancia que tiene la alternabilidad en el gobierno para la teoría democrática, ella por sí sola no es un principio mismo de la democracia, comparable con el principio de la elección de los mandatarios y de la periodicidad de las elecciones. Lo es sólo en las circunstancias concretas que en América Latina legitimaron esta previsión constitucional”.

5.  Estas afirmaciones responden a la realidad en que se constituyeron los presidencialismos latinoamericanos, herederos de la tradición monárquica, caciquismo, bonapartismo e incluso del propio presidencialismo norteamericano, que recién estableció límites a la reelección en la segunda mitad del siglo anterior.   Hay por lo menos dos elementos que explicarían esta tradición antireeleccionista, por un lado, la permanente tentación de las oligarquías hacia el faccionalismo y separatismo; y por otro, la ausencia de una institucionalidad que garantice el
respeto a la voluntad popular; cabe entonces preguntarse, si en el siglo XXI hay otras
condiciones que puedan modificar estos aspectos de la cultura politica.

Indudablemente hay relación entre el régimen jurídico y la cultura política y estos se influyen mutuamente, las condiciones democráticas han cambiado en estas décadas de democracia.

6.   Existe una especie de colonialismo mental en el debate sobre la reelección, por ello, diversos actores políticos y agentes de opinión llaman estabilidad a los procesos europeos que se suceden en el tiempo, mientras aseguran que “la posible reelección indefinida debilita la democracia y –muchas veces- resta eficacia a la gestión pública…” [3] señalan que es antidemocrático e incluso califican de dictadura a la sola posibilidad de continuidad en nuestros países. El argumento de que no es posible la comparación porque estos son regímenes de tipo parlamentarios es inaudito, porque contrario a lo que dicen, en este tipo de gobiernos el
Ejecutivo sólo es posible si existe mayoría y total control del parlamento. En esta especie de colonialismo, de forma retórica se pasan ensalzando el papel de Franklin D Roosevelt, De Gaulle, Eisenhower, o de otros líderes contemporáneos, como Angela Merkel, pero se niegan a reconocer el papel transformador de presidentes, como Correa en el Ecuador o Evo Morales en Bolivia; que más allá de los logros de la gestión han permitido que ecuatorianos y bolivianos recuperen la credibilidad en la democracia y el desarrollo.

7.     Otro aspecto que ha estado en cuestión es el relacionado con la alternabilidad y que esta institución podría verse amenazada con la posibilidad de la reelección, cabe señalar, que para llegar a esta afirmación se confunden dos principios que están relacionados intimamente, pero que son diferentes: el principio democrático y el republicano. El primero tiene a su vez dos dimensiones, la formal, que tiene que ver con que en una democaracia el pueblo elige a sus gobernantes y la dimensión sustancial, es decir, que esos gobernantes cumplen con las aspiraciones mayoritarias de sus mandantes. En tanto, el principio republicano hace mención con la vigencia de un marco constitucional, un régimen de partidos en el marco del pluralismo
político, elecciones periódicas y permanentes, vigencia de derechos y garantías, etc. Por ende, no se afecta la democracia mientras se mantengan elecciones y los gobernantes electos respondan a sus electores; así como tampoco, se atenta contra la alternabilidad mientras se realicen elecciones libres que permitan la participación de diferentes fuerzas políticas, entre las cuales, el pueblo puede elegir y ojalá también seleccionar el proyecto que mejor convenga a sus objetivos históricos.

8.   No pasa desapercibida la poca confianza en la madurez de la sociedad ecuatoriana que nos ha demostrado que puede discernir, como se evidenció en las elecciones del 23 de febrero del 2014, en las que el 70% de quiénes se postularon para la reelección no lograron dicho objetivo. La solo existencia de la figura de la reelección no asegura de ninguna manera
la elección.

9.   La segunda pregunta de las Enmiendas y las argumentaciones que se han señalado en la misma, demuestran el verdadero objetivo de la consulta popular: evitar que el ex presidente Rafael Correa pueda presentarse a una nueva elección, para viabilizar esta prohibición se recurre al mecanismo de la consulta, violentando incluso principios elementales del derecho como el de la “no retroactividad” de las normas jurídicas, que parecerían no importar para acabar con la “sombra” del ex presidente. Al respecto, vale señalar que los liderazgos no se decretan o se establecen por fuerza del azar o del destino, sino que estos se condensan en una persona que ha sido capaz de representar valores, expectativas, anhelos y aspiraciones colectivas y que en un momento determinado de un país o de una región son esenciales para
consolidar procesos.

10.  Una confusión que no se puede dejar de anotar es, lo que significa la posibilidad de libre postulación y la reelección, que se confunde de manera intencionada en el debate mediático, pero que la Corte Constitucional lo distinguió claramente cuando dictaminó sobre el pedido de las enmiendas el 31 de octubre de 2014. La primera, es el derecho de postularse por parte de quienes han ejercido ciertos cargos, es decir, es un derecho de participación de una minoría; sin embargo, la reelección sólo será posible, si el pueblo así lo decide; es decir tiene que ver con un derecho de los millones de electores que concurren a una determinada elección. Así lo
sintetizó la Corte: “Resulta entonces, que la limitación a candidatizarse de las
personas que han ocupado un cargo público de elección popular y que han sido
reelectas por una ocasión comporta una limitación no justificada a los derechos
constitucionales de participación que poseen los candidatos que están aspirando a una reelección   y el derecho a elegir de las personas, toda vez que el
participar dentro de un proceso eleccionario no genera a priori una determinación de
que aquella persona va a ser reelecta, puesto que será el soberano quien determine a
través del sufragio que aquella circunstancia opere.” [4]

11.  Al señalar la Corte,  esta enmienda como ampliación de derechos, no puede modificarse por la vía de la enmienda, puesto que el artículo 441 de la CR, señala de forma expresa que no puede establecer restricciones a los derechos y garantías, concordante con lo dispuesto en el artículo 11 numeral 4, de la misma CR y sobre todo con lo dispuesto en el numeral 8 del mismo artículo de la Constitución: “El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio”, concluyendo dicho numeral con la ratificación de que “será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”. La Corte Constitucional, está obligada a respetar sus propios dictámenes y precedentes, puesto que, con ellos, estableció
jurisprudencia que amplía derechos.

12.  Un tema final que se debe considerar es que la Corte Constitucional en el dictamen, el 31 de Octubre del 2014 citado, página 65, señaló categóricamente “que las propuestas de modificaciones en análisis (de la reelección por una sola ocasión) tiene relación con la vida democrática de la sociedad ecuatoriana, y al considerarse que pretenden eliminar las restricciones para la candidatura de representantes elegidos en las urnas, no buscan alterar el carácter democrático del Estado ecuatoriano ni soslayar el principio constitucional de participación ciudadana; por el contrario, se verifica que con tales propuestas se reafirma la existencia de ese nuevo rol de decisión del ciudadano ecuatoriano en la vida política del país para sufragar democráticamente y permitir o no la continuidad de sus representantes o gobernantes, ya que es conocido que solamente la voluntad del pueblo se constituye en fundamento de la autoridad” y posteriormente afirma, en la misma página, “
que lejos de una regresión de derechos y garantías las propuestas sugeridas (libre
postulación)buscan garantizar el principio constitucional de participación democrática de los ciudadanos previsto en el artículo 95 de nuestra Constitución”
¿Qué implicación tiene estas declaraciones de la Corte Constitucional? Simplemente que la posibilidad de libre postulación fue considerada por la Corte como una ampliación y efectivización del derecho de participación, por ende, cualquier modificación debería realizarse por Asamblea Constituyente.

Fuente: Virgilio Hernandez

Sección: Noticias


Deja un comentario